El día 9 de diciembre el Ejecutivo entregó al Congreso el proyecto de ley que crea 15 Centros de Formación Técnica (CFT) estatales en cada una de las regiones del país.

Entre los antecedentes que motivarían esta iniciativa, comprometida desde la campaña de la Presidenta Bachelet, está la “inexistencia de una oferta estatal técnico-profesional a nivel regional”. Sin embargo, a partir de los antecedentes que se exponen en el mensaje, se desprende justamente la conclusión opuesta: la Educación Superior Técnico Profesional ha crecido notoriamente en los últimos años, y su problema no tiene que ver con la falta de oferta, sino con la calidad y problemas de articulación, así como con la histórica discriminación con que se trata a sus alumnos en relación a las ayudas estudiantiles que entrega el Estado. En esta línea, la ley de Presupuestos del año 2015 disminuyó los recursos para la Beca Nuevo Milenio en $ 3.631 millones respecto al año 2014.

Así, en el mensaje del proyecto se indica que entre los años 2005 y 2014 hubo un fuerte incremento en las matrículas de primer año en educación superior técnico profesional: mientras éstas crecieron en un 170%, las matrículas universitarias registraron un incremento de sólo 27% en el mismo período. Asimismo, se señala que 30% del total de alumnos en educación superior cursa actualmente una carrera técnico profesional.

En cuanto al contenido del proyecto, lo primero que llama la atención es que se delega en el Ejecutivo la regulación de prácticamente todos los aspectos relacionados con la estructura, organización, atribuciones y funcionamiento de los nuevos CFT. Lo anterior, porque será el Ministerio de Educación (MINEDUC) el encargado de nombrar a los rectores de cada institución, quienes a su vez deberán presentar a esa misma Cartera de Estado los respectivos proyectos de estatutos –que finalmente definen las normas a las cuales estarán sujetos-. Una vez realizado dicho proceso, el Ejecutivo podrá dictar diversos decretos con fuerza de ley para regular, entre otras materias, los procedimientos para la designación y remoción de sus autoridades, las atribuciones, la estructura académica y administrativa de la institución, los procedimientos para crear, modificar y suprimir planes, programas y carreras.

Según María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de LyD, "si se tiene en consideración que cada CFT será un nuevo servicio público, no parece razonable dejar al arbitrio absoluto del Ejecutivo todos los aspectos, tanto de forma como de fondo, relacionados con estas instituciones. En cierta forma el proyecto comete el error de entregar al MINEDUC el rol de juez y parte".

Un segundo aspecto cuestionable del proyecto, es que establece que cada uno de los nuevos CFT estará vinculado a una universidad perteneciente al CRUCH (preferentemente estatal). "En este contexto, sería importante que desde el Ministerio de Educación (MINEDUC) se diera cuenta de cuántas carreras técnico-profesionales se ofrecen hoy día al alero de las universidades del CRUCH a lo largo del país, su situación de acreditación, y alguna otra información que permitiera justificar no sólo la necesidad de crear estos 15 CFT, sino además de ligarlos a esta entidad", señala Arzola.

Por último, en cuanto a los costos que se han estimado en el Informe Financiero, estos se muestran en la Tabla N° 1 a continuación. El primer año se requeriría un mayor gasto de $ 12 mil millones (US$ 21 millones), mientras que ya al tercer año se requerirían 4 veces más recursos: $ 51,7 millones (US$ 86 millones). "Así, el mayor gasto total en los primeros cuatro años alcanzará los US$ 190 millones, y todavía falta considerar el financiamiento para los años posteriores", explica la economista. Para poner esta cifra en contexto, recordemos que el presupuesto del MINEDUC para el año 2015, recientemente aprobado, contempla tan sólo $ 5.065 millones (US$ 8 millones) para la Educación Superior Regional.

Tabla N° 1. Mayor Gasto estimados según el Informe Financiero, 4 primeros años

Fuente: Informe Financiero.

En suma, nos encontramos nuevamente frente a un proyecto que, o demuestra la falta de conocimiento que hay al interior del MINEDUC respecto al funcionamiento del sistema, o bien busca pasar por alto la institucionalidad actual para volver a una situación que se supone había consenso se debía dejar atrás. "La falta de normas que regulen de manera específica los objetivos, estructura, atribuciones, etc. de los nuevos CFT, hace presumir que nos encontramos nuevamente frente a una improvisación por parte del Gobierno, la cual no ha sido madurada suficientemente por las autoridades y que carece de todo diagnóstico serio", asegura Arzola.