REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE JORGE RAMÍREZ, INVESTIGADOR DEL PROGRAMA SOCIEDAD Y POLÍTICA DE LYD, PUBLICADA EN EL DÍNAMO.
El Ejecutivo ha planteado avanzar hacia la implementación de cuotas de representación para grupos políticamente relegados como serían las mujeres y los pueblos indígenas. El argumento de fondo que se plantea por parte de quienes defienden la propuesta, es que la representación de intereses, voluntades e idearios, sólo se torna realmente efectiva, a partir de un criterio de pertenencia al grupo excluido. Es decir, nadie más que las mujeres serían capaces de promover una agenda proclive a sus intereses, ni nadie mejor que los indígenas contarían con las herramientas para dar forma a una representación no distorsionada de sus demandas.
Lo anterior supone un problema para la concepción tradicional de representación presente tanto en la vertiente liberal como republicana. En primer lugar, se genera una distorsión del principio de igualdad ante la ley en materia de elegibilidad, y por ende, de participación. Si la máxima de las democracias representativas es que opere el principio rector de un elector un voto (principio presente por ejemplo en la discusión paralela sobre sistema electoral), no parece sensato que por el hecho de ser miembro de determinado grupo, dicho principio sea soslayable. Si se conceden privilegios a determinados grupos al interior de la sociedad política, ¿cuáles serán los argumentos de fondo para, el día de mañana, cuestionar la demanda de otros grupos que a partir de su auto-percepción como relegados, aboguen por una representación más "justa" o "idónea" en los espacios de representación de intereses?
Los intentos de combatir la discriminación con más discriminación (positiva en este caso) podrían desatender los problemas de fondo que van más allá de la razón efectista y exclusivamente aritmética de aumentar nuestro número de mujeres e indígenas en los espacios de deliberación pública. En un interesante artículo de 2009 el politólogo P. Zetterberg demuestra que la implementación de cuotas en América Latina a pesar de haber aumentado la representación efectiva de las mujeres en los Congresos, no ha implicado cambios a nivel de involucramiento cívico de éstas en una perspectiva más amplia (cultura política) que supere la del mero acceso a escaños. Por otra parte, la creencia intuitiva que señala que la orientación hacia los asuntos públicos difiere radicalmente entre grupos orientados por el interés personal y los que no, también ha sido cuestionada en el interesante libro del economista Bryan Caplan The myth of the rational voter elegido el año 2007 como el mejor libro de política por el New York Times.
Así las cosas, y compartiendo la premisa de que es a todas luces deseable la promoción de mayor involucramiento ciudadano de aquellos grupos políticamente relegados, es deseable buscar los mecanismos más idóneos para dar cuenta del problema, para así no alterar el principio de representación, pilar de la tradición republicana y liberal de la democracia.
