En el día de ayer el Ministro del Interior concurrió a un acuerdo político con Amplitud y diputados independientes como Giorgio Jackson, Alejandra Sepúlveda y Vlado Mirosevic para apoyar el mensaje presidencial que pone fin al sistema electoral binominal, reemplazándolo por un sistema proporcional.
Se trata de un acuerdo que aborda siete puntos, donde en general se mantienen las ideas matrices del proyecto original, persistiendo de este modo sus falencias y discrecionalidades. "En el acuerdo, se corrigen algunas falencias de la propuesta original, como aquella donde se señalaba que se podrían presentar hasta el doble de candidatos por escaños a repartir en cada unidad electoral. No obstante, también se mencionan nuevos ejes que podrían generar efectos contraproducentes en nuestro sistema político", asegura Jorge Ramírez, investigador del Programa Sociedad y Política de LyD.
La generación de un consenso respecto del redistritaje aparece como una cuestión problemática. Es preciso recordar que no existen criterios claros a partir de los cuales se realizó la asignación de los nuevos cupos. Ramírez señala que en el mensaje respaldado por Amplitud y los diputados independientes se generan inconsistencias, tales como la del nuevo distrito 4 (Copiapó) al que se le asignan 5 escaños con menos electores que los distritos 2 (Iquique) , 16 (San Fernando), 18 (Linares) , 22 (Lautaro) y 25 (Osorno), siendo todos de regiones.
"El único aspecto valorable del acuerdo es aquel donde se subsana la propuesta original, donde cada lista podía presentar el doble de candidatos en relación a los escaños a repartir", añade el cientista político. Esta era una propuesta muy nociva en términos de sus efectos para la identificabilidad electoral y la saturación de las campañas. Finalmente, el acuerdo suscribe una regla de N+1, donde cada lista podrá presentar un candidato más que el número de escaños a repartir por unidad electoral, cuestión que parece razonable.
En seguida se plantean una serie de medidas tales como: la reducción del número de afiliaciones para constituir un partido político, promover su constitución en sólo una región, la modificación de los criterios de disolución de partidos -que en la actualidad exige una votación mínima del 5% en la última elección parlamentaria- y la imposición de nuevos límites al gasto electoral. Independiente de las suspicacias que genera que sean precisamente nuevos actores con pretensiones de constitución partidaria, los que promuevan esta agenda, muchas de las medidas podrían generar dificultades a nivel sistémico de nuestro escenario político.
Para Ramírez: "Si bien parece atendible revisar muchas de las barreras de entrada para la conformación de partidos -como el rol que ejercen los notarios en todo el proceso- tampoco parece prudente promover el surgimiento de agrupaciones partidarias sin una visión de carácter nacional, las cuales, pasarían a constituirse en el mero reflejo de intereses particulares, liderazgos personales y pueden complicar las relaciones políticas e institucionales a nivel de la tramitación legislativa". Del mismo modo, medidas tales como la reducción de los límites del gasto electoral podrían generar el efecto inverso de beneficiar a los candidatos incumbentes, quienes son los que cuentan con el capital de reconocimiento, impidiendo mayor competencia y renovación.
Así las cosas, el acuerdo lejos de ser una hoja de ruta para mayores niveles de competencia, representatividad y pertinencia para nuestro sistema político, reproduce los déficits de la propuesta original.
