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REFORMA TRIBUTARIA: ¿QUÉ PASA CON EL AHORRO?

Frente a Frente La Tercera.

A continuación, reproducimos la columna de Francisco Klapp, investigador del Programa Económico de LyD, publicada hoy en el Frente a Frente de La Tercera.

El camino ha sido exitoso: en los últimos 25 años, mientras el mundo y América Latina crecían al 3,5% y 3,1%, respectivamente, Chile logró crecer al 5,5%. Más importante aún, esto se ha reflejado en que, de acuerdo al Banco Mundial, seamos el país con mayor movilidad social ascendente de América Latina y, de acuerdo a estadísticas de CEPAL, en sólo 22 años nuestro país ha reducido la pobreza desde un 45% a un 10%.

Sin duda Chile ha cambiado, pero sigue siendo cierto que el crecimiento económico es la mejor política para alcanzar el desarrollo, el que -como nos recuerda la experiencia de países vecinos- jamás debe darse por sentado. Lo anterior exige naturalmente un vasto esfuerzo de inversión, fuente de trabajo y productividad: no se debe olvidar que otros países, con un nivel de desarrollo similar al que Chile presenta hoy, como Singapur, Corea e Irlanda, crecieron rápido invirtiendo en torno al 30% de su PIB. Ahora, si bien la inversión en Chile ha crecido, ésta sólo alcanza el 24% del PIB, por encima del promedio de los últimos 15 años, pero aún insuficiente y lejana a la meta del 28% del producto, compatible con mantener una tasa de crecimiento potencial en torno al 5%, que nos permita alcanzar un producto per cápita similar al de Portugal en 2018, uno de los países más pobres del mundo desarrollado.

Al considerar la inversión que el país requiere, no se puede dejar de lado a su contraparte, el ahorro. Una de las identidades macroeconómicas fundamentales es absolutamente clara: la inversión se financia con ahorro, sea este nacional o extranjero, privado o gubernamental. Luego, como esta identidad debe cumplirse en todo momento, resulta evidente que el nivel de ahorro nacional actual es insuficiente si se desea mantener e incluso aumentar la tasa de inversión. Especialmente, cuando la experiencia nos ha enseñado lo riesgoso de aumentar la ya alta dependencia del ahorro externo que llega al país.

Lamentablemente, la reforma de la Nueva Mayoría puede traducirse en un retroceso. En vez fomentar el ahorro privado, ya sea en los hogares o las empresas, se busca castigarlo, moviendo progresivamente al sistema impositivo de una base mixta gasto-ingreso, a un impuesto prácticamente puro al ingreso. En concreto, además de aumentarse el impuesto de primera categoría de un 20% a un 25%, se pretende cambiar completamente la base sobre la que los dueños y socios de las empresas pagan sus impuestos personales, pasando del actual cobro al momento del retiro de las utilidades (o pago de dividendos), a cobrarse cada vez que se genera el derecho sobre utilidades al interior de la empresa. De esta forma, independiente del flujo que reciba el inversionista, éste deberá pagar la totalidad de sus impuestos personales sobre el porcentaje de ganancias sobre las cuales eventualmente –pero no necesariamente- podrá acceder.

Este cambio –erradamente- no distingue entre el ahorro y la reinversión que se realiza al interior de la empresa –hoy registrados en el FUT- de aquellas utilidades que efectivamente son retiradas por los dueños para su consumo. Este desincentivo al ahorro y la inversión al interior de las empresas,  pretende ser compensado con un mecanismo de depreciación instantánea, el cual constituye una compensación parcial e imperfecta sesgada  en favor de las empresas intensivas en capital físico sujeto de depreciación.

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