CLAUDIO MARTINEZ,
DIRECTOR DE GENDARMERIA DE CHILE

       Quisiera hacer algunas consideraciones previas, antes de entrar al tema que nos interesa, en torno a las exposiciones de las personas que vienen de Estados Unidos, especialmente la empresa Wackenhut -de la que somos clientes, por lo demás, pues Gendarmería tiene con ella una larga relación hace más de doce años, como asesora en materias de seguridad y de administración y también como proveedora de algunos productos-.

       En rigor, son dos realidades muy distintas, es muy difícil comparar las dos realidades. No tienen punto de comparación, no solamente por la diferencia de recursos, sino también porque son países muy distintos.

       Nuestro país tiene una larga tradición según la cual el ejercicio de la autoridad pública corresponde a los empleados públicos, cosa distinta a lo que sucede en los países anglosajones y, específicamente, en Estados Unidos. Hay un problema de mentalidad, que nos hace reflexionar respecto a la real posibilidad o viabilidad, en el corto y mediano plazo, de que en Chile se pudiera pensar en un sistema carcelario privado, o, más bien, en cárceles privadas.

       También se suele confundir un poco. No hay ningún sistema carcelario en el mundo que sea privado; lo que hay son cárceles privadas.

       Agreguemos a eso la notable diferencia de recursos. He estado tomando algunas notas: treinta y cinco dólares por día se destinan en Estados Unidos; Francia destina al sistema carcelario francés mil quinientos millones de dólares; Inglaterra destina seiscientos millones de dólares exclusivamente para la mantención de la infraestructura. Nosotros manejamos, para el año, modestos sesenta y cinco millones de dólares, que es la cifra para poder operar el servicio; incluye la atención a los internos, los sueldos de personal, la mantención de los edificios, en definitiva, la mantención, operación y funcionamiento del servicio. Eso significa 8,16 dólares diarios por recluso, si pensáramos en una equivalencia. Si incluimos alrededor de doce millones de dólares que se destinan a crecimiento, o como inversión en materia de infraestructura, esa cantidad sube, al año, a 9,5 dólares por cada recluso.

       En consecuencia, hay una diferencia tan notable de recursos, que hace inimaginable pensar en aplicar un modelo como el que aquí se nos ha mostrado en una realidad como la chilena. Pero, no obstante ello, tenemos la convicción -personalmente la tengo- de que la participación privada no solamente es una necesidad, sino que es indispensable para poder, a lo menos, avanzar en la resolución del problema carcelario.

       Porque Gendarmería de Chile, que es la institución que tiene a cargo la vigilancia, la atención y la rehabilitación de quienes están privados de libertad, no puede en modo alguno -y no va a poder nunca, por mucho que tenga recursos- resolver integralmente el problema.

       No se le puede exigir a una institución como la nuestra que resuelva el problema de quienes están privados de libertad, en mejores condiciones que la sociedad libre. Si ésta no lo hizo en su oportunidad, no se puede exigir a una institución como Gendarmería que resuelva integralmente el problema de la rehabilitación cuando realmente ella se pone a prueba finalmente, esto es, cuando la persona egresa del sistema carcelario y no en su interior. Como decía Roberto Fantuzzi, el día más peligroso en materia de rehabilitación es el primero en libertad. Es como el caso del alcohólico que sale de un tratamiento: los primeros meses seguramente son los más dificultosos. No se va a comprobar el resultado hasta que la persona realmente establezca, dentro de sí, que ya no tiene el hábito de delinquir. Para ello, es fundamental el apoyo de la comunidad y específicamente, de la empresa privada, que es la que tiene recursos que aportar.

       Esta participación del sector privado, en la cual tenemos ya alguna experiencia -hemos avanzado bastante en la elaboración de algunos convenios-, creo que puede darse en dos áreas. Voy a contar una experiencia del año pasado, imbuida de este espíritu de buscar nuevos caminos para hacer más eficiente la administración de nuestra gestión. Hicimos una propuesta para privatizar o contratar un servicio alternativo, el suministro de alimentos para la población de la ex Penitenciaria y de algunas unidades menores. Después de un estudio sumamente acucioso por parte de una empresa privada, se llamó a una propuesta. Pero debimos declarar desierta la propuesta, porque, comparada con la alimentación que nosotros fabricábamos con nuestros propios medios, la ofrecida por particulares tenía menor contenido calórico. La explicación está obviamente en los recursos. Nosotros teníamos, el año pasado, una asignación diaria para alimentación por recluso de $ 360 -esto es, menos de un dólar, tres cuartas partes de un dólar. Ahora bien, la empresa que se interesó estaba corriendo un riesgo: además de suministrar alimentos, debía tener una utilidad; pero, naturalmente, la infraestructura de la institución, los empleados, la burocracia misma, contribuyen a absorber una serie de gastos que no son estrictamente de elaboración de la alimentación, gastos que la empresa, en cambio, tiene que absorber por sí misma.

       ¿Cuál es mi visión del tema? Si el día de mañana el Ministerio de Hacienda nos duplicara esa asignación a $ 800 o $ 1.200 -como estimamos nosotros que debiera ser-, naturalmente sería mucho más conveniente que una empresa privada proporcionara la comida, porque es evidente que las dificultades de control, las filtraciones y las pérdidas de productos, de alimentos y de insumos son un problema para el Estado, para cualquier organización estatal en la que la responsabilidad se diluye entre los empleados. En ese momento hipotético, de duplicación de las asignaciones, yo estoy convencido que transferir esa responsabilidad a una empresa privada. Sería más rentable para nosotros en términos de eficiencia y de calidad. En definitiva, sería más rentable para el Estado, en cuanto a la economía que significa una buena inversión de los recursos fiscales.

       Del mismo modo, podríamos pensar en otros servicios como los de salud, de transporte, de atención de determinadas necesidades específicas de los reclusos. Pero, para ello, es necesario investigar el tema, explorarlo y establecer lo que denominamos "los umbrales", traspasados los cuales el Estado o la administración estatal suelen ser ineficientes.

       Pero si mañana tuviéramos una asignación suficiente para atención de salud, por ejemplo, para nosotros, como institución, resultaría mucho más cómodo contratar una corporación privada de salud que se hiciera cargo de la atención de los reclusos, y no malgastar esfuerzos en atender a los reclusos y controlar a los médicos, lo que es bastante difícil de hacer.

       Pienso que éste es un tema que hay que explorar, investigar. ¿Para qué? Para que los recursos que tiene un servicio como el nuestro se focalicen decididamente en el tema de fondo, cual es la vigilancia y la rehabilitación de quienes están privados de libertad.

       Creo que se pueden explorar soluciones mixtas, pero sujetas a una adecuada asignación de recursos. En la medida en que un servicio como Gendarmería siga creciendo en cuanto a asignación de recursos, habrá un momento en el que deberá evaluarse si esa asignación debe seguir administrándola integralmente el servicio, o si es positivo buscar la colaboración privada. Yo pienso que ésa es una posibilidad muy efectiva.

       Donde más hemos avanzado -y me alegro mucho de la exposición de Roberto Fantuzzi, porque él, realmente, es pionero en esto y demostró que es posible-, es en la participación privada en la capacitación y en el trabajo de los internos. En eso, estamos prontos a firmar, en los próximos días, un convenio con una corporación privada, que va a coordinar el trabajo de los talleres laborales en la unidad de Colina.

       Ella se hará cargo de la integralidad de los talleres de Colina, tal vez la experiencia más avanzada que vamos a desarrollar en materia de participación privada en el sistema carcelario. Entregaremos a empresas productivas, privadas, la totalidad de nuestros talleres fiscales, con la perspectiva de que ellas inviertan y tengan utilidad, porque eso es legítimo. Pero esperamos que ellas, a su vez, también capaciten, den trabajo a nuestros reclusos y les garanticen un trabajo futuro cuando egresen del sistema carcelario. Esa es la visión que tenemos de la participación privada en el sistema carcelario.

       Asimismo, hay otro aspecto que hemos estado explorando, especialmente en estos días en que recibimos a distinguidas visitas (tuvimos incluso una conversación a nivel del Ministerio de Justicia): la posibilidad de que alguna empresa privada, o el sector privado, invierta en diseño, construcción, capacitación y puesta en marcha de un recinto carcelario.

       El crecimiento y desarrollo de la infraestructura carcelaria es muy lenta, por los importantes montos de inversión. En los últimos tres años, que registran el esfuerzo económico más grande en la historia del servicio, Gendarmería ha invertido en la construcción de establecimientos nuevos alrededor de dieciséis mil millones de pesos -que equivalen más o menos a cuarenta millones de dólares. Reconstruir el actual recinto de la ex Penitenciaria significa exactamente esa cantidad: significa la inversión de tres años del sector en el sistema carcelario.

       Con los limitados recursos del Estado, es difícil pensar que alguna vez podamos resolver, por esa vía, el problema puntual de este recinto, que alberga a tres mil quinientos reclusos.

       Hemos tenido algunas conversaciones, explorando la posibilidad de que se nos haga una oferta -para lo cual se requieren algunas reformas legales- que incluya diseño, construcción, equipamiento y capacitación de un proyecto cerrado, que permita enfrentar ese problema en un plazo menor y con un financiamiento paralelo al ordinario (o rutinario) del Estado. Esa es también una posibilidad de participación real del sector privado en la solución de los problemas carcelarios.

       Quisiera señalar muy brevemente, y un poco para reivindicar la inversión fiscal, el buen resultado que ha tenido la inversión en infraestructura. Es importante, porque cada vez que hay motines o fugas -como lo señalaba aquí un conferencista anterior-, la prensa lo destaca claramente, y se piensa que el sistema está colapsado porque tiene fallas estructurales, o que este servicio siempre está en crisis. La verdad es que es un servicio crítico, más que un servicio en crisis: atiende a un sector crítico de la sociedad. Pero, en los últimos diez o doce años, se han reconstruido o se han construido en Chile recintos como Colina, Concepción, Puente Alto, Osorno, San Miguel, Iquique y otros.

       Si vemos las estadísticas, en estos recintos las fugas han disminuido a límites mínimos, realmente mínimos. En Concepción, en diez años se ha fugado un solo recluso; en Colina se ha fugado un solo recluso; los motines prácticamente han disminuido a cero en estos recintos nuevos. Ahí hay un claro ejemplo de que este tipo de problemas también está muy relacionado a una infraestructura adecuada, independientemente de que sea el Estado o la empresa privada quien administre o quien invierta.

       Por lo tanto, creo que aquí se requiere un esfuerzo conjunto de toda la comunidad, de toda la capacidad productiva del país, de toda la capacidad de inversión. Porque -reitero- el problema de la rehabilitación, que es el problema de fondo, es un problema de la comunidad en su conjunto y, particularmente, es un compromiso que deben asumir quienes pueden capacitar y entregar opciones laborales.

       Repitiendo prácticamente lo que decía Roberto Fantuzzi, tenemos un eslogan que reiteramos a la empresa privada, al mundo exterior, a las corporaciones privadas, a las organizaciones que generan fondos de distintos sectores: invierta en rehabilitación y, así, invierta en seguridad.

       Esa es la única manera de proyectar una verdadera seguridad ciudadana en el tiempo. Invertir exclusivamente en un sistema represivo de castigo significa éxito a corto plazo; pero se requiere en cambio, una inversión permanente. La inversión en rehabilitación es una inversión menor, con frutos y productos más de mediano plazo; pero es más permanente y, en definitiva, beneficia más a la sociedad en su conjunto.

       Repito: invirtamos en rehabilitación y conseguiremos una mejor seguridad ciudadana. Muchas gracias.

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