ERNESTO FONTAINE,
PROFESOR DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA, DIRECTOR DEL CENTRO INTERAMERICANO DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE PROYECTOS (CIAPEP)

       Yo soy profesor de la Universidad Católica; soy economista; tengo la suerte de dirigir un programa de adiestramiento, preparación y evaluación de proyectos en la Universidad Católica, financiado por el Gobierno de Chile, por MIDEPLAN.

       Durante ese curso, en su fase práctica que dura aproximadamente cinco meses, preparamos y evaluamos cuatro proyectos que el Gobierno nos encarga revisar. He tenido la suerte de trabajar en tres proyectos del Sector Justicia. Uno se refirió a la introducción de sistemas computacionales en los tribunales; el segundo, a cómo mejorar el acceso a la justicia de la gente pobre, extremadamente pobre; y el tercero fue una instrucción que recibimos de Mideplan: "Hagan algo sobre cárceles". Así fue como nos llegó la tarea. Ustedes tienen, entre los documentos que les han entregado, el resumen y conclusiones del proyecto que trabajaron estos estudiantes: siete personas, durante cinco meses. Se llama "Modernización del sistema penitenciario con colaboración del sector privado".

       Como economistas, tenemos un sesgo. Particularmente en la especialidad mía, que es la evaluación de proyectos o la asignación eficiente de recursos, el problema es cómo tratar de reducir el costo social de atender a personas que quebrantan la ley y a las que la sociedad decide privar de libertad durante algún tiempo. La idea básica es que no hay que botar recursos: hay que tratar de hacer esto en alguna forma eficiente.

       Nuestra visión es de que hay dos formas de reducir ese costo social.

       Primero, durante la reclusión, tratar de que ella sea al mínimo costo para el país; al mínimo costo dentro de lo que es decente. No vamos a tener las cárceles que menciona Mr. Zoley; entre otras razones, porque una de las cosas que hay que tratar de crear en las personas son las ganas de no volver a la cárcel; si ésta es demasiado buena, posiblemente el costo de volver a la cárcel se disminuya demasiado. Aquí debe ser algo intermedio. Tampoco puede ser tan poco humana como lo que a algunos les ha tocado ver en su vida, en un nivel de miseria que es inaceptable, creo yo, para los seres humanos.

       Un aspecto es ése, sobre lo cual hoy hemos escuchado dos muy buenas exposiciones en cuanto a cómo, buscando la competencia dentro del sistema -y eso se logra fundamentalmente a través de la privatización-, la sociedad puede buscar mecanismos para reducir ese costo en que el país debe incurrir para mantener a cierta gente recluida, básicamente, sin producir nada.

       Desde luego, debe tenderse a conseguir que sólo los verdaderamente peligrosos estén encerrados, que no estén delinquiendo en el medio libre. Pero no todos son así. Hay algunos reclusos que sólo cometieron un error y fueron a la cárcel; ese recluso está posiblemente arrepentido de lo que hizo, pero está junto a otro que, posiblemente, no tiene los valores necesarios, precisamente aquellos que en la cárcel sí es posible darle.

       Una de las cosas importantes del trabajo de este grupo de CIAPEP fue que los estudiantes trataron de caracterizar a los reclusos. Los clasificaron. Encontramos, así, a aquella persona que, habiendo ingresado a la cárcel, está arrenpentida. En cierta forma, uno puede estar seguro de que esa persona nunca más va a delinquir; salvo que en la cárcel, a través de lo que llamamos el efecto cárcel, se le enseñe a delinquir, y vea que ésa es una forma muy útil para ganarse la vida.

       Después encontramos al que llamamos "persuadido": aquella persona a la, estando en la cárcel, a través de los programas psico-sociales, fundamentalmente, se le enseña que hay otros valores; es persuadido de que ese camino no es el correcto.

       Asimismo se definió otra categoría, que se llamó "el convertido". A través de la cárcel es posible convertir a un recluso en una persona que pueda salir a ganarse la vida.

       Es aquí donde aparece el segundo aspecto en cuanto a reducción del costo social: si la cárcel es sólo un mecanismo para que la persona esté privada de la libertad, pero después sale y vuelve a delinquir, hay reincidencia.

       En ese esquema, la cárcel posiblemente sí esté reduciendo el costo al ser más eficiente, pero la persona sale de la cárcel incluso con mayores habilidades para delinquir; por lo tanto, ocasionando a la sociedad mayor costo social. Hay evidencia de que los delitos cometidos por los reincidentes son más violentos y más graves que los delitos cometidos por los primerizos.

       La ley señala dos labores a Gendarmería. Una es la de mantener recluida, de custodiar a la persona condenada. La otra es rehabilitarla, para disminuir los índices de reincidencia.

       Hay pocos estudios sobre reincidencia. Precisamente, lo que hicieron estos estudiantes es intentar una encuesta y aplicar economía teórica conducente a una teoría de la reincidencia.

       Los valores y todo cuanto dije antes son importante. Pero si la persona, cuando sale a la vida, no ha recibido capital humano que le permita volver a la vida normal y ganársela trabajando, si no se le han creado hábitos de trabajo, si en la cárcel no se logró simular lo que sucede en el mundo real -porque la cárcel es un submundo del cual la persona sale y se encuentra, afuera, totalmente descolocada- esa persona va a reincidir.

       Por lo tanto, el énfasis del trabajo de estos estudiantes no fue en privatización. Tal vez por falta de valentía, no quisimos entrar a decir que las cárceles deben ser privadas. El énfasis se hizo en proposiciones para procurar que la labor de Gendarmería logre reducir el costo social de la reincidencia.

       El trabajo realizado consiste, pues, básicamente, en revisar y tratar de hacer proposiciones sobre los programas de rehabilitación.

       Se comentaba aquí que no hay muchas estadísticas sobre programas de rehabilitación. Yo creo que eso ocurre porque no ha habido mucho interés de estudiar el tema. Estoy seguro de que en Estados Unidos tiene que haber algunas cárceles con programas de rehabilitación mejores que otras; por lo tanto, uno tiene posibilidad de hacer un muestreo y saber si en esas cárceles en las que es mejor la rehabilitación, es menor o no la reincidencia.

       En el caso norteamericano, si -como señala el señor Zoley- los reclusos están sólo nueve meses como promedio en la cárcel, y si el sistema privado lleva cinco o más años, ya se tiene un corte bastante grande sobre el cual hacer la investigación.

       Lo que pasa es -y eso me preocupó de la exposición del señor Poole-, que, desgraciadamente, la sociedad, nosotros mismos y la prensa, normalmente "castigamos" al recinto carcelario donde hay motines, donde hay fugas, donde hay condiciones miserables de vida, etcétera. Si uno oye las preocupaciones expresadas aquí, destacan las de "the operation has to be successful", de que sea un "good job". Y todo lo que era "good job" y todo lo "successful" se refería a bajar el costo, a tener buenas condiciones de higiene, a tener los pisos limpios. La empresa será juzgada según cuán buena sea en función de esas cosas.

       En cambio, no he oído nunca que alguien diga "este preso antes estuvo preso y reincidió; por lo tanto, éste es un punto negro para los gendarmes" o "punto negro para el Director". Si hay un motín, si hay una fuga, automáticamente recae un sumario sobre el Director y el Gendarme. De alguna forma, los seres humanos reaccionan -y los niños son iguales- sobre la base de la zanahoria y el palo. Cuando una cárcel rehabilita realmente a un preso, nadie le da un premio, no se gana una estrella más; pero si de esa cárcel no se arrancó ningún preso, mayor premio.

       Me explico: el sistema de premios y castigos que la sociedad da a las personas encargadas de estos recintos no está orientado a tratar de reducir el costo social posterior a la cárcel. Eso es reducir la reincidencia, y en ese sentido me gustó mucho la exposición del señor Zoley, en el cual vi más énfasis en programas de rehabilitación.

       Lamento, eso sí, que su empresa no haya destinado más recursos a conocer, por ejemplo, respecto de esos reclusos que han estado nueve meses en sus cárceles, cuál es el índice de reincidencia.

       No es efectivo que en este país se lleven índices de reincidencia. Lo que aquí se tiene son otras estadísticas: de los que están presos, cuántos estuvieron presos antes. Pero eso no es índice de reincidencia, porque lo que importa es saber: de los que han estado presos y salieron, cuántos volvieron a delinquir.

       Esa cifra en Chile no se conoce, ni por qué volvió a reincidir, qué hubo detrás de eso. ¿Hay una diferencia en la reincidencia, entre la gente que fue a los talleres artesanales y la que no fue? ¿Entre la gente que estuvo en las cárceles, en los programas de Fantuzzi o Dagorret (que tiene las cárceles de mujeres)? ¿Hay diferencia en la reincidencia de mujeres que van al programa de Dagorret, versus las que no recibieron nada?

       En eso, creo que tenemos una responsabilidad, como economistas, como cientistas sociales y como sociedad, en cuanto a exigirle a Gendarmería-o a la empresa que trabaje en cárceles- excelencia en la rehabilitación, y no sólo excelencia en tener bien encerrados a los reclusos y que no haya tantos motines o demandas contra la empresa.

       Está bien, preocúpense de los motines, de las demandas, de que estén protegidos los derechos humanos de la persona dentro de la cárcel. Pero, en mi opinión, la gran preocupación, además de eso, debe ser la de atender a que ese hombre que es el ex recluso salga rehabilitado, que sea una persona útil para la sociedad y que no salga a producir más costo social en el medio libre.

       Quisiera animar a todos a que se hagan más investigación sobre esto. Estoy seguro de que se puede hacer, especialmente en los países donde hay muchas cárceles. Cada Estado es distinto, cada Estado tiene distintas prioridades, por lo tanto, uno tiene una posibilidad de hacer un estudio para establecer los efectos que tienen determinados programas.

Muchas gracias.

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