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IV. INTERVENCION

GEORGE ZOLEY
PRESIDENTE DE WACKENHUT CORRECTIONS CORPORATION INTERNATIONAL

Agradezco la oportunidad de estar con ustedes y poder referirme a uno de mis temas preferidos.

Soy Presidente de la empresa Wackenhut Corrections, una subsidiaria de la Wackenhut Corporation, que tiene su base en Coral Gables, Florida. Nuestra compañía es una de las empresas de seguridad más grandes del mundo; tenemos negocios en 50 países, incluido Chile. Somos el más grande de los proveedores de sistemas de seguridad del gobierno de Estados Unidos; sin duda, una importante y prestigiosa organización.

En lo personal, puedo señalar que nací en el norte de Grecia; soy macedonio, hablo eslavo y llegué a Estados Unidos a principios los 50. Me recibí como Administrador Público y tengo un doctorado en esta especialidad. Comencé a trabajar en Wackenhut hace 13 años, específicamente para hacerme cargo de los servicios públicos privatizados. Mi primera participación en este campo fue en la privatización de los servicios de protección y combate de incendios. Fue allí que conocí al señor Poole, también hace 13 años. Trabajé en esa área por unos 2 años y luego me asignaron al área de privatización de las instalaciones deportivas para jóvenes. Posteriormente, ello me llevó al área de los servicios correccionales, desde donde he apoyado el concepto de la privatización de este sector.

Pero entremos en temas más interesantes.

Como lo mencionó el señor Poole, sólo en Estados Unidos existen 73 instituciones correccionales, en las que la iniciativa privada está o ha estado presente de alguna forma; es un proceso creciente. En la actualidad, estas instituciones pueden llegar a alojar a aproximadamente 35 mil prisioneros. Estas instituciones existen en todos los niveles de gobierno, federal, estadual y local. También en Inglaterra y Australia hay instituciones bajo este tipo de régimen administrativo.

Las cárceles en los Estados Unidos son administradas por más de 20 empresas, cuyo crecimiento ha sido constante gracias a lo logrado en el proceso de privatización. De hecho, sólo en lo que va de este año, nuestra empresa, Wackenhut Corrections, ha presentado más propuestas en los dos primeros meses del año que en todo el año anterior. Actualmente, tenemos contratos que nos comprometen con 17 instituciones, que alojarán hasta 10 mil reclusos.

El crecimiento de la industria de las prisiones y cárceles privadas no se debe a que estas empresas provean castigos más eficientes para los gobiernos y los detenidos. Al contrario, ocurre porque el sector privado provee mejores servicios a los prisiones y a los gobiernos; ésta es la razón fundamental para el avance en la privatización.

Quisiera tocar ese tema derechamente, desde el principio, porque sé cuán importantes son en esto los derechos humanos. En estas actividades, la total vigencia, aplicación y respecto por los derechos humanos es muy importante. Hay que señalar que la privatización de los establecimientos correccionales descansa fundamentalmente en los derechos humanos y en la necesidad de administrar profesionalmente las instituciones correccionales; ésa es la razón básica por la que estamos en este negocio.

Nuestra experiencia se puede tomar como ejemplo, así también pueden apreciar -en diapositivas- cómo nuestra empresa se ha desarrollado en los últimos 10 años. Comenzamos con un establecimiento correccional para jóvenes, llamado Job Corps Program. Era una institución con 650 camas para jóvenes de entre 16 y 21 años, que formaba parte de un programa que se inició en la década los 60, durante el gobierno del Presidente Lyndon B. Johnson. Dicho programa fue diseñado para jóvenes con dificultades económicas y sociales y sigue operando hoy. El objetivo de este programa era proporcionar a estos jóvenes un lugar especial donde pudieran concurrir, vivir, recibir educación, entrenamiento vocacional, asistencia, orientación, entretención y, en general, la posibilidad de vivir en un ambiente con mayor apoyo que el que habrían recibido en sus respectivos lugares de origen; una posibilidad para reformar sus vidas de tal forma que pudiesen reintegrarse a la comunidad, obtener buenos trabajos y vivir sus vidas como buenos ciudadanos. Este programa entregó a Wackenhut la oportunidad y la experiencia de tratar con gente joven en su rehabilitación y de atender todas sus necesidades médicas, alimenticias y recreativas. Pero, además de todo esto, desarrollamos un completo programa educativo, entrenamos a nuestros propios maestros y consejeros, organizamos diferentes programas vocacionales en los que los jóvenes podían desarrollar sus habilidades. Y todo esto para jóvenes de ambos sexos, con programas especiales diferenciados para los muchachos y las muchachas.

Fue precisamente esta experiencia la que nos entregó el conocimiento necesario para competir exitosamente en las privatizaciones de cárceles y prisiones.

El negocio como tal comenzó cuando el Servicio de Migración de los EE.UU. (U.S. Immigration Service) recibió financiamiento del gobierno para desarrollar un proyecto para alojar a cierto número de inmigrantes que ingresaban al país. El Servicio carecía del espacio físico necesario para custodiar a estos inmigrantes. Sin embargo, el Congreso fue claro al establecer que los nuevos fondos debían usarse para la contratación de servicios privados para resolver el problema y no para desarrollar dicho proyecto por su cuenta.

El primer contrato se concretó en 1986, con la presentación de un voluminoso proyecto. El contrato fue muy detallado y especificaba un plazo de 150 días para adquirir el terreno, diseñar las dependencias que tendrían las instalaciones, obtener los permisos de construcción, edificar las instalaciones, contratar y capacitar al personal, adquirir los equipos y establecer todos los programas administrativos, así como las políticas administrativas para aquella institución. Parecía una meta inalcanzable.

Se contó con buena gente, se trabajó en equipo y fue un excelente ejemplo de cómo funciona la privatización; se entrega la responsabilidad por esta importante actividad a un pequeño grupo de personas, quienes deben responder en forma personal. Contraté a más gente para mi oficina y juntos trabajamos con la empresa constructora y el arquitecto. Todos juntos construimos las instalaciones y cumplimos con el plazo establecido en el contrato, tan sólo 150 días.

Trabajamos con nuestro encargado de vigilancia, quien había contratado y capacitado a su propio personal; compramos los equipos y todo estuvo listo para ponerse en marcha. La gente trabajó arduamente, porque así tenían que hacerlo, sólo teníamos 150 días según el contrato; teníamos que cumplir aquel contrato y lo logramos. Cuando se inauguró el recinto, las autoridades de inmigración manifestaron que aquéllas eran "las mejores instalaciones que habían visto"; y todavía lo son, porque aquella instalación original de 150 camas hoy cuenta con 300. Ello ha sido posible gracias a la ampliación del diseño original. Sigue siendo la mejor de las instalaciones contratadas por el U.S. Immigration Service.

Diferentes instituciones de todo el país supieron de este acierto del Servicio de Migración, del uso que habían hecho de la privatización, y comenzaron a considerar esta alternativa. Por ejemplo, en 1988, el estado de Texas se hallaba en una situación incómoda. Las autoridades de este estado se encontraban bajo la tutela de las cortes federales a causa de numerosas y reiteradas demandas por violaciones a los derechos humanos, supuestamente registradas en distintos establecimientos carcelarios del estado. Los establecimientos correccionales tejanos se encontraban sobrepoblados, los reclusos contrataban abogados que denunciaban ante las cortes federales que las condiciones existentes eran ilegales, y ganaban los pleitos. Las cortes federales comunicaron al estado de Texas que debía construir nuevas cárceles y prisiones, que respetaran los derechos constitucionales de los reclusos. Estos derechos están relacionados con la calidad del aire que respiran, el acceso a la luz del día, el espacio mínimo para dormir, el espacio mínimo para que circulen diariamente, el tiempo asignado para actividades recreativas, todo lo relacionado con las visitas, el correo y una larga lista de exigencias.

La organización profesional American Correctional Association ha identificado y definido estos requerimientos mínimos, los cuales se consideran derechos constitucionales de todo individuo en esa situación. Las empresas privadas siempre se han ajustado a estas exigencias y, en realidad, nos hemos convertido en uno de sus más leales defensores, porque sentimos que cuanto más altas sean las exigencias en este sentido, mejor es nuestro resultado y producto final.

Estamos dispuestos a cumplir con esas exigencias y, de hecho, hemos pasado por el proceso de acreditación de la American Correctional Association. En una escala de 0 a 100, nuestras instalaciones alcanzan una tasa de aprobación del 99.5%.

En 1988, el estado de Texas resolvió privatizar cuatro establecimientos carcelarios de 500 camas cada uno -hasta entonces, la más grande de las privatizaciones que se había registrado-. Dieciocho empresas de todo el país se presentaron a la licitación. Nosotros obtuvimos el contrato para dos establecimientos. Dentro de doce meses, diseñamos las instalaciones, las construimos, las equipamos, contratamos el personal y, al término de ese plazo, ambas instituciones se inauguraron simultáneamente. Desde entonces se las ha presentado como ejemplo de diseño y operacional profesional. A ello hay que agregar que el estado de Texas exige que empresas como la nuestra muestren un ahorro en los costos reales no inferior al 10%. Reiteradas evaluaciones realizadas por diferentes agencias gubernamentales han demostrado que nuestros ahorros superan esa meta.

Lo logrado en Texas despertó mucho interés en todo el país. En la actualidad, 38 estados han aprobado la legislación que permite este tipo de privatización. Hoy, tenemos proyectos en los estados de California, Colorado, Louisiana, Florida y Nueva York; tenemos dos instalaciones en Australia y una en Inglaterra.

De esta enumeración, de la que nos sentimos muy orgullosos, vale la pena destacar un par de casos en particular. El primero, la prisión "New Vision Chemical Dependency", en Kyle, Texas, es la prisión más grande del mundo y una de las que nos fue concedida durante el proceso de licitación inicial de 1988. Los programas que ahí se desarrollan incluyen la educación básica, entrenamiento vocacional, asesoría y entrenamiento especial y adaptación para aquellos reclusos que pronto recuperarán su libertad. Este es un programa muy completo, para los 500 reclusos que ahí se alojan. En general, lo normal en otras cárceles de Estados Unidos es que de los 500 reos que pueda haber, solo 50 a 100 participan en algún tipo de programa educacional. A diferencia de esto, en nuestros establecimientos, el total de los 500 reclusos está involucrado en algún programa de educación, entrenamiento vocacional o asesoría.

Sobre la base de dichos programas desarrollados en esta institución, el gobernador y los legisladores sintieron la necesidad de atender a aspectos específicos, como el consumo de drogas. Iniciaron, entonces, una licitación para un programa de rehabilitación de drogadictos que se llevaría a cabo en nuestras instalaciones en Kyle. El contrato era por un millón y medio de dólares. Wackenhut Corrections, entre otros doce postulantes, presentó una propuesta y obtuvo el contrato. Si bien no teníamos experiencia en este campo, lo estudiamos, visitamos diferentes instituciones en todo el país y luego elaboramos nuestro propio programa, que inauguramos seis meses más tarde en el establecimiento de Kyle. De hecho, nuestro programa ha sido considerado "el mejor programa del mundo sobre drogadicción entre reclusos".

En una reciente visita que realizó la gobernadora de Texas a nuestras instalaciones en Kyle -una de las múltiples ocasiones en que la gobernadora ha estado con nosotros-, se hizo acompañar por la Procuradora General de la Nación, Janet Reno. La Procuradora tiene amplio interés en los programas de rehabilitación y, específicamente, en los de drogadicción. Quedó tan impresionada con nuestro programa, que se comprometió a promoverlo ante las autoridades en Washington y otros estados.

En esa oportunidad, la gobernadora también visitó un programa para jóvenes que hemos desarrollado, el cual consiste en invitar a jóvenes a visitar los presos, para que descubran en forma directa cómo es la vida en una cárcel. Tenemos otro programa en ese establecimiento, mediante el cual los ex presos visitan a los actuales presos para ayudarlos y guiarlos durante su estada en la cárcel.

Mediante el empleo de computadores hemos desarrollado un programa educacional que permite que cada prisionero estudie a su propio ritmo. El preso típico de Estados Unidos llega solamente hasta cuarto o quinto básico, deja las aulas a escasa edad y nunca más regresa a la escuela; llega a la cárcel y nosotros tenemos que encargarnos de elevar su nivel. Ellos se sienten avergonzados por su nivel de conocimientos, de que el prisionero del lado pueda saber más. Así que el programa de educación asistida por computador, en conjunto con un maestro, permite que cada preso vaya avanzando a su propio ritmo, sin sentirse avergonzado.

Sólo para abundar en cuanto a la importancia que damos en nuestra gestión a los programas educativos, quisiera destacar que creemos firmemente que sin programas de educación en el interior de la cárcel y ayuda para encontrar trabajo una vez que el recluso recupera su libertad, no hay esperanza alguna de reducir los niveles de reincidencia ni la actividad criminal en nuestra sociedad. El crimen y el delito tienen profundas raíces en dos causas fundamentales: la marginación económica y la social; es decir, afecta a personas que han tenido problemas en sus familias, con la forma en que fueron criadas y crecieron.

Para los reos que no cuenten con los conocimientos mínimos para obtener un trabajo digno y ganar un sueldo apropiado, no queda otra alternativa que regresar a la cárcel. En nuestra empresa creemos que tenemos un papel muy importante que jugar para asegurar que esto no suceda.

Cerca de nuestra institución en Kyle, existe otra llamada Lockhart, que es una cárcel muy especial. Contamos con autorizaciones especiales de la legislatura de Texas y del Departamento de Justicia de Estados Unidos para desarrollar un programa industrial para los presos, en el que una empresa privada pueda aprovechar su mano de obra a cambio de un salario común y corriente. Estos reclusos fabrican paneles de circuitos impresos para computadores, para equipos de la IBM, Apple y Bell. Los presos están trabajando en un área altamente profesional y técnica. Los propios reclusos construyeron las instalaciones. Durante cuatro meses, Wackenhut financió estas actividades. Luego, invitamos a participar a una empresa de computadores de Austin, Texas, y ahora se cuenta con un programa que podría llegar a emplear a por lo menos 200 prisioneros. Las ganancias se depositan en un fondo que se reparte entre las víctimas de crímenes, las familias de los reclusos y el pago de los gastos de su internación. Este es el primer programa de estas características en todo el país y la gente está muy pendiente de su avance y resultados, para repetirlo en otros lugares. La gente que ha tenido oportunidad de visitarlo no está esperando las estadísticas ni los informes técnicos. Al contrario, nuestras visitas, después de haber inspeccionado el recinto, después de haber conversado con los presos, han salido convencidas de los beneficios de este tipo de programa.

En la correccional en Kyle existe un programa de sesiones grupales para los presos, en el cual se les solicita que hablen de sus historias personales, que expliquen su percepción de las razones de trasfondo de su encarcelación. Entre otras cosas, los presos van descubriendo, van exteriorizando en estas sesiones -que duran nueve meses-, todo un historial muy reservado, y van descubriendo que sus compañeros han tenido el mismo tipo de experiencia. Por lo general, sufrieron abusos cuando niños o sus padres fueron alcohólicos, o los abandonaron o nunca se preocuparon de ellos. Esta gente, que ha carecido de todos los beneficios de los que el resto de la sociedad goza todos los días. Sus historiales son muy comprensibles y fáciles de prever. Hay miles de personas en las mismas condiciones en nuestra sociedad, y el modo lógico de entenderse con esta gente, como muchos lo ven, no es facilitarles simplemente un techo y una pieza donde dormir. Al contrario, hay que tratar con la gente, porque ellos son parte de esta sociedad y si no logramos rehabilitarlos, se crea un círculo vicioso en que crían niños marginados, que tendrán que ser confinados en cárceles y prisiones.

Cuando decimos que dirigimos y administramos una institución de este tipo, lo que estamos diciendo es que todos los empleados administrativos de esa institución desde el personal de seguridad y los educadores hasta el personal médico, el personal de mantención y aseo, todos son empleados de Wackenhut Corrections.

Asimismo, como parte de nuestras instalaciones tenemos una biblioteca legal; esto es un requisito en algunas cárceles de Estados Unidos. Nuestra biblioteca tiene más libros de derecho que la mayoría de los despachos de abogados del país; su costo asciende a 50 mil dólares. Tenemos otra biblioteca de temas generales -para este tipo de biblioteca se exige tener por lo menos 10 libros por recluso-, por lo que en un establecimiento como el nuestro debe haber por lo menos 5 mil libros de tapa dura.

A través de concesionarios, proveemos todos los servicios alimenticios necesarios a los reclusos. Además, cada una de nuestras instituciones cuenta con un casino, donde los reclusos pueden adquirir cualquier alimento extra que deseen, cancelando su valor.

He mencionado nuestras instalaciones en Kyle, donde se desarrolla el programa contra el consumo de drogas; también he mencionado nuestra institución en Lockhart, la única prisión administrada en forma privada en Estados Unidos que tiene un programa de producción industrial. Sin embargo, hay que reconocer las experiencias en este sentido que se han dado en América del Sur. Aquí se dan muchas más industrias en los recintos carcelarios que en Estados Unidos. Una de las razones para ello es que, tradicionalmente, las organizaciones sindicales en Estados Unidos han rechazado el uso de la mano de obra de los prisioneros, alegando que constituye una competencia desleal. Recientemente han tomado conciencia acerca de la importancia que revisten estos programas de producción industrial en el proceso de rehabilitación de los presos. Nosotros nos sentimos afortunados de que Wackenhut Corrections sea la primera empresa a la que se le ha permitido desarrollar este programa piloto en Estados Unidos.

Otro de los proyectos recientemente otorgados a nuestra empresa, también en el estado de Texas, tiene que ver con el desarrollo de dos instalaciones correccionales con una capacidad para mil camas cada una. La primera estará ubicada en pleno centro de la capital del estado, en la ciudad de Austin, en lo que se está llamando una "correccional comunitaria". Las oficinas de distintos servicios sociales formarán parte del centro. En el fondo, lo que sucede es que la comunidad de Austin ha decidido que ya no desea entregar sus delincuentes al estado de Texas para su rehabilitación. Estos ciudadanos han identificado la conducta criminal como un problema local y decidieron encararlo directamente. Pidieron una autorización especial del gobierno estadual para desarrollar su propia prisión para su propia comunidad. Anunciaron su iniciativa en forma pública y recibieron propuestas de empresas de todas partes del país. Nosotros presentamos la nuestra y obtuvimos el contrato. Lo que los residentes de Austin quieren es que todas las organizaciones sociales relevantes tengan sus oficinas en el recinto de la cárcel. No quieren que su correccional esté ubicada en una zona despoblada; la quieren en su comunidad, de tal forma que haya continuidad, un lazo entre el prisionero y la organización que se supone que lo va a ayudar, una relación con su familia, sus amigos, para facilitar el apoyo espiritual que necesiten mientras estén en prisión. Dicho de otro modo, no quieren relegar el prisionero al olvido mientras cumpla su condena, para luego dejarlo, repentinamente, en libertad y pedirle que se comporte en forma normal; ese sistema no funciona. Esta es una idea muy controvertida aún. Hay mucha gente que no desea tener una prisión en su comunidad. Lo que quieren es enviar los presos lo más lejos posible; pero se quejan cuando los ex presos regresan a la ciudad y vuelven a delinquir. Es por ello que el nuevo sistema despierta tanto interés.

Los maestros, los consejeros, el personal médico y las organizaciones de servicio social que trabajan en este ambiente son todos profesionales. Deben conocer al recluso antes de que éste acuda a pedir sus servicios. Deben conocer sus historiales, saber de sus familias; éste es el concepto de correccional comunitario y nos sentimos muy orgullosos de que las dos primeras instituciones que en Texas están trabajado con este concepto hayan sido otorgadas a Wackenhut Corrections.

La gente suele preguntarnos por los niveles de seguridad que alcanzamos, suponiendo que nos hacemos cargo solamente de presos de mínima seguridad. La verdad es que nuestras instituciones van desde las de mínima hasta las de máxima seguridad. Una de las más grandes entre las instituciones a nuestro cargo está en Louisiana, donde el promedio de las condenas alcanza los siete años. Hay muchos presos que estarán allá por 20 años; tenemos algunos reclusos que deben estar encerrados en forma muy segura y que son lo peor de lo peor. Por eso, si se nos pregunta si aceptamos todos los niveles de seguridad, la respuesta será, categóricamente, sí.

Además de las instalaciones que tenemos en Estados Unidos, la empresa Wackenhut Corrections también está presente en el sistema carcelario de Australia. Atendemos a dos prisiones en ese país, una en Brisbane y otra en Junee. La de Brisbane es una prisión de mínima a mediana seguridad; es la primera cárcel en el estado de Queensland. Si un recluso es enviado a la cárcel, primero es evaluado en la institución administrada por Wackenhut Corrections, y luego enviado a la institución que corresponda. Nuestro establecimiento tiene capacidad para 380 reclusos; contamos con un plantel de aproximadamente 250 empleados, que trabajan en todo lo requerido para el funcionamiento del establecimiento. El costo de esta prisión fue de 50 millones de dólares y fue construida por el gobierno australiano. La cárcel ubicada en Junee tiene una capacidad de 600 prisioneros; fue diseñada y construida por Wackenhut, su costo fue de 40 millones de dólares y los empleados que allí trabajan suman sólo 200. Existe una significativa diferencia en los costos de estas dos instituciones; una es pública, la otra fue desarrollada dentro del concepto de la privatización. Hubo un ahorro de 10 millones de dólares en los costos iniciales y existe un sustancial ahorro en los costos de operación. La prisión que nosotros administramos en Junee es la más económica de Australia y la mejor diseñada del país.

En Inglaterra tenemos otra empresa, Premier Prison Services, que recientemente ha ganado un contrato para una institución de 771 camas, pero que está autorizada para alojar hasta 1.200 prisioneros. Es una institución grande y el gobierno invirtió aproximadamente 120 millones de dólares en su construcción. El gobierno británico está llegando a la conclusión, sin embargo, de que ya no es rentable seguir construyendo cárceles a este precio. Por ello, han suprimido recientemente las empresas gubernamentales que hasta hace muy poco se encargaban de construir las prisiones y cárceles de ese país. Las actuales cárceles serán privatizadas y las venideras estarán en manos de privados. El gobierno inglés ya está aceptando propuestas de empresas como la nuestra, solicitando las calificaciones y requisitos para preclasificarnos en los rubros de diseño, construcción, financiamiento y administración de las futuras prisiones que se construyan en ese país.

Wackenhut ha cumplido exitosamente este proceso de preclasificación, por lo que estará en condiciones de participar en las licitaciones que puedan darse en el futuro.

El gobierno inglés ha estimado que así se ahorrará la mitad de los costos iniciales y aproximadamente tres cuartos de los costos de operación en relación con la forma en que lo hacían antes.

La principal razón del interés expresado por los gobiernos en la privatización de sistemas carcelarios es el ahorro en los costos iniciales y de administración que este proceso pueda generar. La segunda razón es el rápido acceso a servicios de calidad. Y la tercera es la incorporación de una competencia saludable en el monopolio del sistema carcelario.

Respecto a los ahorros, el proceso de privatización idealmente comienza con el desarrollo de prisiones nuevas. El proceso gubernamental tradicional es contratar a un arquitecto, contratar a un constructor independiente, permitir que estas partes funcionen en conflicto por dos o tres años antes de que concluya la construcción del establecimiento y luego seleccionar a alguien para que la administre. Este proceso, de esta manera esquemática, es muy fragmentado, costoso y genera errores. Nuestro sistema es integrado, tenemos nuestros arquitectos, elegimos nuestros constructores, tenemos nuestros propios expertos que forman parte del plantel profesional de nuestra empresa en materias tales como la seguridad, servicios médicos, programas educacionales, servicios alimenticios y todos los requerimientos de mantenimiento de las instalaciones. Nosotros hemos creado este equipo, nos identificamos con él; para administrar la prisión, usamos el mismo equipo que la diseñó desde el comienzo. El haber participado en todas las etapas del proceso le permite a la gente que integra este equipo tener un completo control de la situación. No hay margen para que cometan errores, porque ellos saben que deberán responder por ello. En cada proyecto aprenden algo, lo que se refleja y se suma al proyecto siguiente. Así, la gente desarrolla sus capacidades y, en forma más económica, piensa más inteligentemente por menos dinero, otorga continuidad en el conocimiento y en la responsabilidad de los funcionarios.

A raíz de esto, nuestros proyectos se finalizan en un tercio del tiempo que se requiere para desarrollar un proyecto público similar.

Pero lo más importante son los costos de operación. Con nuestro personal de seguridad, identificamos la manera más económica para el manejo de la seguridad de cada uno de los establecimientos, aplicando la más avanzada tecnología del momento y los mejores diseños. Así obtenemos una visión clara de todo el recinto y podemos controlar todos los movimientos que se registren en una prisión. Nuestra tarea no es crear la mayor cantidad de puestos fijos de vigilancia posible -eso, en el pasado, quizás tuvo algún objetivo, lo que no está sujeto a discusión-, sino minimizar los costos de la administración del establecimiento. Eso, balanceado con la responsabilidad directa sobre lo que sucede en ese establecimiento, es decir, evitar que se produzcan motines o fugas, significa que Wackenhut Corrections tiene la responsabilidad de responder económicamente por los errores o fallas que puedan haber causado o permitido ocurrir.

Si bien, en última instancia, los gobiernos son responsables de lo que suceda en las prisiones, la responsabilidad jurídica se traspasa a nuestra empresa. Cualquier consecuencia legal o financiera que surja por el suministro de nuestros servicios, resultará en un gasto adicional para la compañía. Eso es algo que debemos tener muy presente al diseñar un establecimiento, al seleccionar el personal administrativo y al determinar la forma en que vamos a entregar nuestros servicios. Todos estos aspectos nos han llevado a crear una guía fundamental, que nos ayuda a no tener descuidos irresponsables con miras a nuestros objetivos.

Un punto a destacar a la luz de la experiencia en Estados Unidos tiene que ver con las responsabilidades legales, específicamente en lo relacionado con los gobiernos locales. En la mayoría de los casos, los juicios recaen sobre la empresa privada. Eso es un gran alivio para los gobiernos locales. Cabe recordar que la sociedad estadounidense es muy proclive a las demandas judiciales. Los presos suelen demandar a los administradores del sistema carcelario y también al gobierno. Pues bien, ahora es el sector privadoel que debe responder, en estas demandas, respecto de lo que antes recaía en los gobiernos. Para ello, tenemos nuestro propio departamento legal, nuestros abogados. Cuando un recluso nos demanda, el gobierno no toma parte. Nosotros somos los que debemos presentarnos ante la Corte y hacer nuestra propia investigación del caso. Y, a propósito, nunca hemos perdido en un juicio, porque el manejo que hacemos en nuestros establecimientos es en todo sentido profesional. La conclusión es sencilla. Si estuviéramos administrando nuestros establecimientos o algunos de ellos en forma deficiente, errónea o perjudicial para alguien en particular, los reclamos y alegatos jurídicos nos sacarían del mercado. Para que un preso pueda ganar un juicio, debe probar que nuestra conducta ha sido incorrecta.

Una de las razones de la buena acogida brindada a la privatización de prisiones y cárceles, no solo en Texas sino en otros estados y en países como Australia e Inglaterra, es la sana competencia que establecen las empresas privadas al administrar este tipo de establecimientos. No cabe la menor duda que las instituciones privadas son mejores, porque debemos ser mejores, estamos motivados para serlo. Si no, no habrá un segundo ni un tercer contrato.

Además, nosotros acatamos plenamente las pautas diseñadas por el American Correctional Association. Normalmente, nuestros contratos incluyen una cláusula que obliga a una acreditación por parte del ACA. Este proceso suele llevarse a cabo dentro de un plazo de dos años. Es un proceso costoso -me parece que cuesta unos 100 mil dólares por cárcel- y que requiere de mucho tiempo de preparación; yo diría unos 9 meses, con la participación activa de 30 funcionarios. Hay 400 pautas, no todas escritas, y hay que demostrar cumplimiento de esos 400 puntos en forma regular durante el período de 2 años. Al efectuarse la visita de inspección, los encargados piden ver las políticas y la documentación para respaldar el funcionamiento cotidiano de la cárcel. Es un proceso muy complejo, pero lo cumplimos con gusto.

Al entrar en uno de nuestros establecimientos, lo primero que impresiona es el aseo del lugar. Normalmente tenemos pisos de baldosa y están resplandecientes. Es una de las tareas que entregamos a los presos y están orgullosos de su trabajo. También refleja nuestra actitud con respecto a la cárcel en su totalidad: todo es importante. Si el piso no está limpio, significa que estamos discriminando entre las cosas importantes y las cosas que carecen de importancia en el interior del establecimiento. Por lo tanto, empezamos con el piso; decimos: "Hasta el piso nos importa". En nuestras salas de clases hay mucha actividad, funcionan 12 horas al día, con varios cursos. Nuestro negocio no es aplicar penas, esa responsabilidad radica en el gobierno. Al contrario, nuestro negocio está en la rehabilitación de los presos. Si uno conversa con nuestro personal, se dará cuenta de que son profesionales, tiene amplios conocimientos acerca de sus responsabilidades y se sienten motivados en sus tareas.

Quisiera referirme brevemente a los controles de calidad en las privatizaciones. La privatización de las prisiones no es sinónimo de que el gobierno renuncie a su responsabilidad. No existe tal cosa como la abdicación en este sentido. En el ámbito legal existen dos tipos de responsabilidades: la responsabilidad que recae sobre quien formula o elabora las políticas y la responsabilidad administrativa de quienes las ejecutan. La elaboración de las políticas no puede ser delegada; esa responsabilidad debe recaer en el gobierno. Las políticas guardan relación con las decisiones respecto de quiénes serán encarcelados, el tipo de pautas a aplicarse, etcétera. El gobierno toma esas decisiones y las aplica por medio del proceso de licitación. Asimismo, si un preso presenta un comportamiento inadecuado en el interior de la cárcel, o bien llega el momento en que deberá recuperar su libertad, el gobierno debe hacerse cargo; no puede delegar estas responsabilidades. Sin embargo, es en la administración de esta políticas que hay un papel para la empresa privada: una empresa que pueda diseñar y construir las instalaciones conforme a las indicaciones del gobierno; una empresa que lo manejará de acuerdo con las normas establecidas. Estas son maneras válidas de delegar la responsabilidad del gobierno en terceros. Por lo tanto, el contrato debe comenzar con una descripción de las responsabilidades directas del gobierno, antes de especificar las de la empresa privada. Debe incluir información específica con respecto al trato de los prisioneros, ropa, camas, visitas, correo, etc.. Así se cuenta con una herramienta eficaz en la administración del establecimiento carcelario.

En la actualidad, ya es una tradición y una necesidad legal que el gobierno tenga a un representante en la prisión, cuya función, cinco días a la semana en horario de oficina, consiste en asegurarse que la empresa cumple con todas y cada una de las obligaciones contraídas. Este es un procedimiento y recurso con el que se asegura, entre otras cosas, el respeto permanente de los derechos humanos de los presos.

Para aquellos que pudiesen tener interés en aplicar este concepto de prisiones y cárceles privatizadas, existen algunos pasos básicos que deben darse: primero, obtener la autorización para que empresas privadas puedan diseñar, construir, financiar y administrar prisiones y cárceles; segundo, se debe publicitar la apertura del proceso de licitación; y tercero, deben presentarse proyectos de gran envergadura y detalle.

Considero que la expansión en la privatización de sistemas carcelarios se debe principalmente a los logros ya obtenidos. Numerosas organizaciones han evaluado las experiencias en la privatización de prisiones y cárceles, comprobando la reducción de costos, la calidad de sus servicios y su capacidad para generar una saludable competencia en un ámbito que antiguamente era monopolio estatal. Han comprobado los logros en el mejoramiento de los servicio y en los programas de rehabilitación de los prisioneros, así como en la reducción de los costos en el desarrollo de muchas nuevas iniciativas en este campo. Pero, sobre todo, se ha dado un sistema más eficiente. Se ha señalado que existe muy poca información estadística sobre la eficiencia de la rehabilitación y los niveles de reincidencia. Esto también es cierto para la experiencia pública; en general, hay poca informacion sobre lo que es realmente útil, necesario y efectivo en cuanto a la rehabilitación de presos. Nuestro programa en Kyle producirá muy pronto un informe sobre esta materia. Además, en las instalaciones correccionales comunitarias estamos descubriendo que la comunidad prefiere que la Wackenhut, en conjunto con los residentes, se encargue de elaborar sus propios análisis, informes y conclusiones de su experiencia. Así es como responden las comunidades que no quieren esperar cinco años para que el gobierno evalúe el proyecto en que están comprometidas. Lo que ellos quieren saber, lo quieren saber ahora: quieren saber si lo que están invirtiendo está dando los resultados deseados; y quieren saberlo por intermedio del sector privado y no mediante el dilatado proceso de toda burocracia pública.

Muchas gracias.

PREGUNTAS
AL CONFERENCISTA GEORGE C. ZOLEY

P. Me ha parecido sumamente interesante la exposición suya. "Me volvió el alma al cuerpo", porque quedé con una sensación muy relacionada con la palabra puramente negocio en la primera etapa. Como usted bien dice, hay una atención muy particular a los derechos humanos, la educación, la formación, la capacitación, etc.. Pero, ¿qué éxito estadístico han tenido en esta experiencia? ¿La experiencia positiva se da más con la juventud -que también atienden- o con los mayores? ¿Cómo evalúan la rehabilitación con los perpetuos?

R. Usted plantea varias preguntas. Primero, existe poca información estadística acerca de la rehabilitación exitosa, sea en el sector público o en el privado. Para quienes desean evaluar la calidad de nuestros servicios, los invitamos a visitar uno de nuestros recintos carcelarios, para que conversen con los reclusos y se interioricen por sí mismos de las condiciones vigentes. En forma inmediata, se detecta la importancia de nuestra labor, se escuchan las felicitaciones y los agradecimientos de los internos por estar en una cárcel privada y no en una pública. Ahora bien, ¿qué sucederá con ellos una vez que recuperen su libertad? Aún no se sabe. Nuestra empresa está comenzando a entrar en el área de los denominados servicios "post carcelarios", para establecer nuevas instituciones a las que los presos pueden recurrir para seguir con sus sesiones, completar sus estudios y recibir servicios especiales. Eso será fundamental para facilitar su reintegración a la sociedad. Consideramos que esto es muy importante y el gobierno está comenzando a entregar el financiamiento necesario para dichas actividades. De todos modos, como ya señalé, las pruebas empíricas están a la vista para el que quiera visitar nuestras instituciones. Y espero que varios de Uds. viajen y vean nuestros establecimientos. Dejo planteada ese desafío. La cárcel en Kyle es la mejor del mundo, la mejor en cuanto a derechos de los prisioneros se refiere y en cuanto a rehabilitación. Para quienes no me creen, por favor, vengan a visitarnos en Estados Unidos.

P. Me gustaría que explicara mejor cuál es el sistema laboral; porque usted habló de un programa de trabajo en el cual los internos, los reclusos, confeccionaban unas tarjetas de circuito. ¿Hay algún tipo de contratación directa del interno con la empresa, o son ustedes los que contratan con la empresa? ¿Cuál es la remuneración que se les paga a los reclusos que trabajan en este programa? ¿Cuáles son las normas de protección laboral existentes, la previsión y las normas de seguridad social que tiene el trabajador en esos programas?

R. Hay un acuerdo entre las empresas privadas y el gobierno en cuanto al uso gratuito de las instalaciones. Los presos reciben el salario mínimo, por lo menos en un principio, y con el paso del tiempo y en la medida que adquieren más experiencia, ese sueldo puede aumentar. Los pagos así generados son depositados en una cuenta especial, administrada por la cárcel. Una parte de lo ganado es enviada a las víctimas de los reclusos, como compensación por su sufrimiento; se traspasa otra parte al estado, para ayudar en el financiamiento de la cárcel; y se guarda una parte para los presos, para que, cuando recuperen su libertad cuenten con mayores recursos y su reintegración a la sociedad sea más fácil. El gobierno decide cuál es el porcentaje que corresponde a cada recluso; nosotros no tomamos esa determinación, simplemente guardamos los fondos y los hacemos llegar conforme a las instrucciones que el gobierno nos imparta. Este es un programa piloto en Estados Unidos, y es muy bueno. Creemos que será copiado por muchas cárceles. Los prisioneros están muy, muy agradecidos de poder participar en un programa como éste. En otra cárcel no recibirían sueldos a nivel del mercado. De hecho, es muy poco común que puedan participar en actividades que les enseñan a usar un computador o a fabricar las piezas componentes de éste. Al completar su pena, los ex presos pueden postular a empleos en el sector respectivo; por ejemplo, en el área de la computación, el aire acondicionado, la fabricación de anteojos, etc. Son buenos empleos, no estamos hablando de cavar pozos. No es un trabajo sencillo, que pudieran obtener sin ninguna capacitación especializada. Además, hay demanda en el mercado para este tipo de trabajador.

P. Usted se ha referido solamente a cárceles de varones; ¿en las cárceles femeninas existe algún programa también?

R. Debo señalar que actualmente estamos construyendo una cárcel para 500 mujeres. Será el recinto carcelario femenino de mayor envergadura en Estados Unidos. Estamos a unos cuatro meses de la inauguración y estamos por contratar a una administradora y comenzar la planificación para programas de estudios y de rehabilitación para las futuras internas. Estos programas también abarcarán la educación básica, la capacitación técnico-profesional y la asesoría; pero tendremos que organizar actividades adicionales para enfrentarnos a los temas del contacto de las internas con sus familias, con sus hijos; el programa de visitas será distinto y, afortunadamente, contamos con la colaboración del gobierno que está interesado en hacer algo diferente en este caso. La idea se centra no solamente en lo que podemos hacer para las mujeres encarceladas, sino que apreciamos la necesidad de involucrar a otras instituciones, para que sus familias y amigos puedan relacionarse con ellas. Es decir, no deseamos esperar el día en que recuperan la libertad para comenzar su rehabilitación.

P. En el caso del diseño, construcción y administración de una cárcel, ¿el sistema de competencia a la que llama habitualmente el estado divide el tipo de servicios? ¿Cómo compiten, por el que cobra menos o por el costo menor de construcción separado del costo menor de operación, o es todo junto?

R. Normalmente, la competencia se basa en el costo total del proyecto. Es decir, el estado llama a entregar propuestas para el diseño, la construcción, el financiamiento y la gestión de la cárcel. Parte de nuestra propuesta abarca los costos de diseño y construcción, así como el financiamiento del establecimiento. La otra parte debe cubrir la gestión del recinto. Cabe recordar que, si el gobierno llama a licitación y encuentra que todas las propuestas son deficientes o excesivamente caras, puede declararla desierta. Sin embargo, eso nunca ha sucedido, porque las propuestas siempre han sido competitivas en términos de los precios y la calidad de los servicios de rehabilitación a otorgar.

P. Me gustaría hacer al expositor dos preguntas. Primero: ¿es posible conocer el presupuesto de la organización para el funcionamiento de una cárcel para 500 prisioneros, como es el caso de Texas? Y, segundo: ¿cuál es el promedio de estada en la prisión, en relación con la duración de las condenas? ¿Nos puede indicar qué población y porcentaje -aproximado- acceden a beneficios sustitutivos mientras dura la condena?

R. El presupuesto de gestión para una instalación con 500 camas alcanza aproximadamente los 5 millones de dólares, es decir, aproximadamente 30 dólares por persona, por día. Y eso se compara favorablemente con el promedio nacional de 45 dólares diarios para el manejo de un preso en un recinto carcelario de Estados Unidos. La estada promedio para estos reclusos es de 69 meses. Sin embargo, tenemos reclusos en otras instituciones, cuyas estadas alcanzan los 12 meses; en Louisiana se quedan más de 7 años o más de 20 años, conforme a sus sentencias. Varias agencias en Texas han evaluado nuestros servicios al recluso y nuestro sistema de gestión carcelaria. Uno de los estudios más interesantes se realizó por la Contraloría de Estado. Dicha dependencia efectuó una encuesta entre las poblaciones de distintas cárceles, en la que consultaba por las preferencias del recluso, esto es, si prefería un establecimiento privado o uno público. Tres de cada cuatro reos respondieron que preferían las cárceles privadas. También se les consultó por más de 100 aspectos del establecimiento: la comida, la atención médica, etc. El 75 % de las veces, los encuestados respondieron que preferían nuestros establecimientos. Estas son personas que han estado en nuestras instituciones, en las de nuestra competencia y en las instituciones públicas. Es decir, han estado en todos los centros de detención y están expresando sus preferencias "con conocimiento de causa". Ellos son nuestros clientes y están satisfechos. El gobierno ha comprobado que se está ahorrando por lo menos un 10%, así que él está contento; nosotros estamos ganando algo de dinero, así que nosotros también estamos contentos.

P. Me gustaría saber algo en relación al rango etario de las personas en el interior de estos recintos y sobre los sistemas de atención no reclusivos. ¿La empresa privada ha tomado partido en este tipo de sistemas?

R. La edad de los reclusos en nuestras prisiones varía de 18 hasta casi 70 años. En Inglaterra, sin embargo, tendremos 400 a 500 presos entre las edades de 14 y 18 años. En Australia, tenemos reclusos muy jóvenes y en Estados Unidos actualmente operamos 3 instituciones que no son cárceles, sino que atienden a jóvenes que tienen problemas y que pronto podrían encontrarse frente al encierro obligatorio. Cualquier persona que haya trabajado con la juventud sabe que es una población de difícil manejo. Sobre todo cuando se tiene varones y mujeres; hay que separarlos y entregar servicios especializados por sexo y por grupo etario, sobre todo para los más jovencitos. Considero que la mayoría de las personas que trabajan en el sistema judicial cree firmemente que hay que dirigir los mayores recursos hacia la juventud, porque ellos tienen mayores probabilidades de rehabilitación y reinserción eficaz. No hay que mermar esfuerzos en este sentido, porque, de lo contrario, habrá que desembolsar recursos durante muchos años para mantenerlos en el sistema carcelario. Hay que hacer muchos esfuerzos para personalizar la atención, comprender sus antecedentes familiares, la forma en que se criaron, sus motivaciones, etc. En Estados Unidos, y probablemente en otros países también, la juventud sufre de desencanto, sus expectativas han ido aumentando y la dificultad para alcanzar esas expectativas no ha disminuido. Los jóvenes ven familias de muchos recursos en la televisión, familias con muchos bienes y no quieren aceptar un empleo que pague el salario mínimo y esperar 20 años para adquirir esas cosas. Esa ética de trabajo no les fue inculcada exitosamente por sus padres. Es nuestra responsabilidad tratar de que la juventud de hoy acepte esta visión. Es probable que éste sea el tema más complejo dentro de nuestra sociedad. La falta de una ética de trabajo y los valores de la familia son las principales causas de la criminalidad. Hasta que no se haya tratado dichos temas en forma deliberada y eficiente, seguirá aumentando la tasa de ocupación de nuestras cárceles.

P. Se ha dicho reiteradamente que no hay estadísticas que permitan establecer ventajas comparativas o competitivas entre el sistema privado o público; pero usted mencionó que en sus establecimientos se había evaluado con una encuesta -o se hacía una encuesta periódicamente- con un resultado de un 99,5%. ¿Se aplica esta misma encuesta a los sistemas penitenciarios estatales, y cuál sería la ponderación, si ustedes tienen un 99,5%? La segunda pregunta es: En la asignación de los reclusos, ¿es realmente un privilegio llegar al sector privado? Me explico: por lo que usted ha dicho en cuanto a las condiciones de vida, éstas son notablemente mejores que las del sistema estatal; entonces, en la asignación -que ya se dijo la hacían los jueces- ¿existe la intención de privilegiar a los reclusos o a los condenados para que no sean reincidentes de tal suerte de buscar una capacidad o un grado de rehabilitación mayor?

R. En cuanto a la última parte de su pregunta, creo que si abriéramos una cárcel diseñada, construida y manejada por el sector privado aquí en Chile, y les diéramos la posibilidad a los prisioneros de elegir en cuál cárcel preferirían quedarse, creo que la nuestra estaría repleta. No necesitaríamos ninguna garantía del gobierno. Podríamos dejar la opción en manos de los presos, para que ellos decidieran en cuál recinto preferirían recluirse. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos aún no permiten esa metodología de selección. En cuanto a estadísticas, no le podría responder. Es por eso que hemos invitado a los funcionarios públicos a visitar nuestros establecimientos para conversar, a solas, con nuestros reclusos. Si uno acompaña al visitante en su inspección de la prisión, los reclusos dirán lo que uno quiere escuchar. Es justamente por eso que dejamos a nuestras visitas a solas, para que hagan su propia investigación, para que obtengan la información que requieren en forma directa. Tenemos cartas de los reos y de sus parientes que nos indican lo contentos que están en nuestros establecimientos: "Estoy muy contenta de saber que mi hijo está en su cárcel". Eso fue algo inesperado. Esa es una comprobación de la diferencia. ¿Puedo afirmar que al estar recluido en uno de nuestros establecimientos, la vida del preso cambiará para siempre? No, no lo puedo afirmar. Se requiere de una institución para el tratamiento "post carcelario". Actualmente no tenemos ninguna institución así, pero pensamos que será factible dentro de uno o dos años. Lo que hace falta también son cárceles comunitarias; contar con todos los servicios en el recinto mismo, ofrecer oportunidades de trabajo en el interior de la cárcel desde el primer día. Así se da más continuidad a la rehabilitación del preso.

P. ¿Cuál es la relación ideal de funcionario por interno? ¿Cuántos metros cuadrados por interno hay en sus centros de rehabilitación, para que ésta sea adecuada?

R. La relación entre los funcionarios y los internos se denomina relación directa de supervisión. En este sistema, el funcionario se interesa por el prisionero y se convierte en parte de su vida cotidiana. Conoce a todos los presos por sus nombres, conoce sus antecedentes y, en nuestras cárceles, los funcionarios están en el interior con los presos; no afuera, al otro lado de la pared, mirando hacia adentro. Están adentro y son parte de sus vidas. Saben lo que pasa adentro, ayudan a resolver los problemas entre los reclusos, aportan mucho. No se trata de una supervisión indirecta, donde el funcionario está ubicado físicamente a cierta distancia del preso. Dichos funcionarios responden solamente si hay problemas. Nuestra metodología es distinta.

El espacio físico disponible para cada preso depende del tipo de cárcel. Por ejemplo, los dormitorios normalmente cuentan con un mínimo de 50 pies cuadrados por persona si es un dormitorio común; si se trata de una celda, me parece que ese espacio aumenta a 70 pies cuadrados. Para el espacio de convivencia diaria, debe haber 35 pies cuadrados por persona. Esas son las exigencias mínimas. Obviamente, para contar con programas de rehabilitación, se requiere más espacio para salas de clase, etc.. En nuestro caso, estamos proporcionando servicios de rehabilitación a todos nuestros presos, a más de 4 mil prisioneros diarios. Como punto de comparación, el estado de Florida tiene una población carcelaria de 50 mil personas. Sin embargo, menos de 2 mil participan en actividades de rehabilitación.

P. De acuerdo a lo que usted planteó, la administración privada tiene a su cargo establecimientos penales de los tres niveles de seguridad: mínima, mediana y máxima. Quiero, al respecto, plantear dos preguntas: ¿Existe alguna preferencia o especialización de su empresa por alguno de estos niveles? ¿Qué tipos de reos existen y qué tratamientos de rehabilitación se aplican en las cárceles de máxima seguridad administradas por ustedes?

R. La mayoría de las cárceles que se han construido, ya sean privadas o públicas, son de seguridad mediana y mínima. Los expertos nos señalan que solamente el 10% de la población carcelaria realmente requiere estar en cárceles de máxima seguridad. Sin embargo, este año postulamos exitosamente a la licitación de 40 cárceles y todas ellas son de seguridad mediana a máxima. Con respecto al programa de rehabilitación para las cárceles de máxima seguridad, permítanme señalar que cualquier reo que ingrese en uno de nuestros establecimientos pasa por un proceso de evaluación, dentro de dos días desde su llegada, efectuada por un equipo multidisciplinario que determina el programa de rehabilitación más idóneo para su caso particular. Por lo tanto, cada reo tiene un programa personalizado. Se hace un seguimiento de sus avances y se evalúa su rendimiento. Los presos con sentencias largas suelen pasar más tiempo en actividades relacionadas con algún tipo de trabajo, a veces remunerado. En general, se gastan más recursos en las personas cuyas estadas serán más cortas, ya que se considera que tienen mayores probabilidades de rehabilitarse.

P. En esa primera etapa a la que usted aludió, de la reforma del marco legal previo a la iniciación de la participación privada en el sector penitenciario, me interesaría saber: ¿cuál ha observado usted que ha sido el argumento más frecuentemente utilizado para oponerse a esta participación privada, en las diversas instancias en que esa decisión ha sido discutida previamente?

R. Ustedes han escuchado algunas de las críticas hoy. Me parece que el Señor Poole las enumeró con bastante precisión. Primero, comienza con un argumento moral. ¿Es moralmente correcto que una empresa privada con fines de lucro pueda vigilar a los reos, encarcelarlos y darles órdenes? Si se le pregunta a los reos en nuestros penitenciarios, responderán que prefieren las empresas privadas. No hay ningún debate moral cuando los reos cuentan con comida y educación de mejor calidad, cuando se rehabilitan más, cuando reciben mejores servicios. Esa es nuestra función, para eso estamos. No proporcionamos mejores castigos, no es para eso que nos metimos en el negocio y es por eso que estamos ganando más contratos. Otras críticas serán planteadas por la burocracia estatal, que realmente no desea la competencia, que está satisfecha con las condiciones vigentes y no considera que la competencia conlleve a beneficios reales. Sin embargo, ni Wackenhut ni ninguno de nuestros competidores privados busca apoderarse del sistema carcelario; ésa no es la idea. La privatización es una metodología válida, que posibilita la edificación de nuevas instalaciones, con programas de rehabilitación ejemplares.

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