POLITICA INDIGENA

Comprendiendo las necesidades de los pueblos indígenas en nuestro país y con el objetivo de avanzar en la integración con identidad para que los indígenas tengan una mejor calidad de vida, sin perder su cultura, el programa Sociedad y Política se ha enfocado en el análisis de políticas públicas indígenas. Por esto, se han elaborado variadas investigaciones y propuestas que buscan ser un aporte a la discusión del tema.
 
 
El diagnstico que existe actualmente en el Gobierno es lo que Libertad y Desarrollo seala desde hace 10 aos. Sin embargo, las soluciones que se han propuesto son las mismas y adems, las responsables de haber llegado a la situacin que se vive hoy.
 
La Araucana se encuentra en una situacin totalmente adversa, una regin con un gran potencial que hace ms de una dcada se vea con un futuro promisorio, es actualmente la que se encuentra peor a nivel pas, estancada con altos niveles de pobreza, desempleo y un clima hostil por la violencia de grupos radicalizados.
 
Si observamos la evolucin de los casos de actos de violencia, desde 2004 al 2008, se obtiene que en promedio habran 23 casos por ao. Sin embargo, desde el 2008 comienza esta escalada de violencia. En efecto, se observa que hasta el 30 de julio de 2009, hay contabilizados 37 casos, mientras que en el mismo perodo de 2008 se registraban 23 actos de connotacin violentista.
 
El Convenio profundiza la direccin que adopt la poltica indgena desde el inicio de los gobiernos de la Concertacin y, al igual que la Ley Indgena, entiende que la base de la conservacin de la cultura indgena es la tierra y la vida en comunidades separadas del resto de la sociedad. Este convencimiento ha llevado a que la actual poltica tenga un fuerte sesgo rural siendo que la realidad indica que un 69% de los indgenas vive en zonas urbanas (Casen 2006).
 
Autoridades de gobierno han argumentado que el Cdigo es un elemento de vital importancia para el cumplimiento del Convenio. Sin embargo, una lectura atenta de ste y de otros documentos jurdicos relevantes, nos llevan a decir que, ms que dar cumplimiento a una obligacin internacional, lo que se est promoviendo es una agenda poltico - electoral al amparo del Convenio.
 
El Gobierno debiera considerar que los hechos de violencia tienden a tener una relacin con las seales que dan las autoridades por una parte respecto a la entrega de tierras y por otra respecto a cuan fuerte sern las medidas para defender el estado de derecho. En este sentido, las declaraciones respecto al ltimo ataque en Padre Las Casas iran en la direccin correcta.
 
El mecanismo de la compra directa, dados sus naturales espacios para la discrecionalidad y por lo tanto para las presiones, y la imposibilidad de establecer un lmite a su aplicacin, parece menos recomendable que el subsidio. Sin embargo, al revisar la poltica de entrega de subsidios que ha aplicado la CONADI, ambos mecanismos muestran serias falencias y amplios espacios para la discrecionalidad y por lo tanto para la corrupcin.
 
Cuando uno observa el crecimiento econmico de la novena regin se constata que la precarizacin del derecho de propiedad y la falta de imperio de la ley vienen de la mano con un perodo de debilitamiento del desarrollo econmico de la regin.
 
Si el Ejecutivo, en vez de fortalecer la compra de tierras a travs del mecanismo de subsidios, como est planteado en Re Conocer, sigue utilizando mayoritariamente la compra directa, y a esto le suma la compra de tierras a comunidades que optan por acciones violentas, literalmente va a incendiar el sur de nuestro pas.
 
Es de esperar entonces que la aprobacin del Convenio 169 sirva de oportunidad y que los prximos anuncios del gobierno relativos a la poltica indgena respondan a la realidad de nuestros pueblos originarios y no a preconcepciones basadas en estereotipos.
 
A partir de algunas estimaciones encontramos que la probabilidad que tiene un hogar indgena de caer bajo la lnea de la pobreza disminuye alrededor de 66% - 69% (dependiendo de sus caractersticas) cuando un integrante adicional consigue empleo y cerca de 31% - 33% cuando el jefe de hogar completa la educacin media. Esto nos permite concluir que tanto la inversin en capital humano como el empleo, son factores preponderantes en el combate de la pobreza, y en esa direccin deben ir los esfuerz
 
Como suele ocurrir cuando una sociedad tiene problemas objetivos de pobreza, falta de educacin y cuando las polticas pblicas no favorecen el derecho de propiedad, grupos extremistas intentan utilizar predicando la violencia y el odio a los sectores ms desvalidos. Eso es lo que ocurre desde hace aos con el tema indgena. Efectivamente, los antecedentes muestran una accin sistemtica de violencia en donde destaca la organizacin Coordinadora Arauco-Malleco.
 
La compra de tierras debe dejar de ser el eje central de la ley indgena, y los recursos deben enfocarse en programas integrales de infraestructura en salud, educacin, servicios bsicos, comunicacin, etc., que contemplen al 100% de los indgenas.
 
A diez aos de la promulgacin de la Ley Indgena parece pertinente hacer un alto en el camino para evaluar el desempeo que ha tenido esta ley. El presente documento basado en una encuesta realizada en las comunidades mapuches rurales de la IX Regin pretende ser un aporte para este anlisis.
 
 
   
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
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